Nueva moratoria para jubilados: las medidas del Gobierno para limitar su alcance tras la presión del FMI

 "Una nueva moratoria para jubilaciones no capitalizadas creó desafíos adicionales para la consolidación fiscal a mediano plazo", alerta el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la medida impulsada por el kirchnerismo y que hoy es eje de una campaña para que quienes puedan acceder a esas jubilaciones se anoten en ANSES. 

El equipo económico ya se comprometió a acotar el alcance de la medida, que hoy alcanzaría a unos 800.000 personas, con una serie de condiciones que tiene el visto bueno del FMI. 

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La ley de moratoria aprobada por el Congreso genera, según el Fondo, alrededor del 0,4% del PIB adicional en el mediano plazo y un 0,2% este año "para lo cual se requerirán medidas de política adicionales para mitigar el impacto y mantener la senda de ajuste fiscal programada".  Los costos fiscales de 2023, reconocen "son mucho menores y se espera que sean absorbidos por ahorros del Instituto de seguridad social".

"Al igual que las moratorias anteriores, el nuevo régimen permite que hasta 800.000 personas en edad de jubilación que carezcan de los 30 años de cotización necesarios puedan acceder al régimen contributivo de pensiones compensando los déficits de cotización mediante pagos financiados con prestaciones futuras de pensión", explica el Fondo en una nota al pie de su cuarta revisión de la economía argentina bajo el acuerdo de facilidades extendidas (EFF). 

Los técnicos presionaron en la negociación con el equipo económico por "contener y compensar el impacto fiscal de la nueva moratoria de pensiones", según detalla la última auditoría. El recorte debería llevar el número de beneficiarios de los 800.000 previstos hoy a un total de 500.000 nuevos jubilados.

Los nuevos límites para la moratoria

"Se están realizando esfuerzos para emitir un decreto y reglamentos de aplicación para orientar la entrada en la moratoria a aquellos con mayor necesidad", remarca el análisis en base a la 'carta de intención' del Gobierno argentino. La primera fue impedir el acceso al dólar solidario a quienes se acojan al Plan de Pagos para la Seguridad Social. 

En ese marco, el Ejecutivo, la ANSES y la AFIP planean emitir un nuevo decreto y reglamentos para garantizar que la ley de amnistía se dirija adecuadamente a los más necesitados, en particular las mujeres de 60 a 65 años.

Estas medidas, que podrían resultar en ahorros de alrededor del 0,2% del PIB y buscarían "garantizar una fuerte verificación de recursos (basada en ingresos y riqueza)"; aumentar las deducciones de las jubilaciones, incluso mediante una estructura de tipos de interés que aumente con el aumento de las cuotas de cotización; y permitir el acceso solo a quienes hayan realizado algunos aportes al sistema de pensiones, no estén recibiendo otros beneficios sociales y estén renunciando al acceso al tipo de cambio oficial. 

"Es probable que se necesiten más medidas de ingresos y gastos de alta calidad para compensar los costos restantes y garantizar la entrega del superávit fiscal de estado estacionario objetivo del 1,3% del PIB", agregaron los técnicos del Fondo, que siguen presionando por una reforma del sistema previsional para garantizar "la equidad y la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones".

Regímenes de jubilación especiales

En ese marco, la cuarta auditoría también señala que se cumplió con la evaluación del sistema prevista para fines de marzo pasado, un diagnóstico de los regímenes especiales de pensiones que sirve como base para reformular el sistema. Según Cippec, esos regímenes tienen un costo del 7% del PBI. 

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La evaluación estaba a cargo del Ministerio de Trabajo, en colaboración con la Universidad de Buenos Aires y los resultados fueron enviados a las Comisión de Previsión y de Seguridad Social del Congreso.  

Riesgos por las elecciones para el acuerdo

La evaluación del staff del FMI sostiene que "el equipo económico sigue comprometido con la implementación del programa, que consideran el ancla clave para la formulación de políticas". Sin embargo, se encienden las luces de alerta por el efecto elecciones.

El organismo evalúa que "a pesar de los recientes reveses de política en el frente de la energía y las pensiones, se están tomando medidas correctivas para mitigar los costos fiscales", junto con tasas de intereses positivas del BCRA. 

"El apoyo político de las principales partes interesadas sigue siendo fuerte", aseguran sobre el equipo económico y el Central. Pero alerta que "el apoyo social y político para el programa podría disminuir si la inflación no retrocede y el crecimiento se tambalea aún más, incluso si la sequía se vuelve más severa". 

En ese marco, los técnicos también abren el paraguas y señalan que "el apoyo también podría debilitarse a medida que se acercan las elecciones".

Las críticas al programa, "tanto desde dentro de la coalición como desde la oposición, son cada vez más fuertes", y la aprobación imprevista del Congreso de la reciente moratoria de pensiones podría ser un presagio de presiones de gasto preelectorales. Como tal, la evaluación del personal de este criterio se ha vuelto más precaria.